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Sobre investigadores, coleccionistas compulsivos y delincuentes comunes

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Son muchas las personas que, animadas por las posibilidades que ofrecen las grandes webs genealógicas, deciden interesarse por el conocimiento de quiénes fueron sus ancestros más inmediatos.

La mayoría de ellas lo realiza como un hobby meramente lúdico, casi como quien va completando un rompecabezas en el que hay que averiguar cuál es la pieza y no su lugar de colocación.

No es raro que quienes se ven atraídos por esta práctica la realicen, casi exclusivamente, con los recursos que encuentran por internet. Sin embargo, del mismo modo que ocurre con quienes resuelven rompecabezas, algunas de estas personas deciden ir más allá y comenzar a solicitar documentación a los archivos, o incluso a visitarlos personalmente.

Se produce en este tipo de genealogista -interesado, aunque recién iniciado- un curioso caso de coleccionismo que hasta podría ser tildado de compulsivo. Muchas, muchísimas personas, parecen mostrar cierta obsesión con poseer copia de las partidas sacramentales y del Registro Civil, no sólo de sus ancestros, sino también de todos los hermanos de cada uno de sus antepasados, e incluso de otros individuos que pertenecen a ramas colaterales.

Supuesta concesión de Grandeza de España<br />al conde de Villareal
Supuesta concesión de Grandeza
de España al conde de Villareal
Documento absolutamente falso

Debemos aclarar que es común ir a los archivos a ver un documento cuya visualización creemos que va a aportar algún conocimiento añadido al que ya tenemos, o que nos permitirá afirmar o no algunas dudas sobre algún tipo de filiación sobre la cual tengamos una sospecha razonable. Pero la mayoría de las personas que investigan trabajan sobre las pesquisas previas realizadas en el pasado por otros investigadores y, frecuentemente, publicadas y conocidas. La acumulación de copias y copias de esos documentos resulta de poca utilidad histórico-genealógica, más bien podría deducirse que supone alguna forma de coleccionismo que, en algunos de los casos, podría incluso presentar cierto grado de compulsividad en todos sus niveles, desde el más benigno hasta resultar patológico.

Entre estos genealogistas-coleccionistas suele darse una especial e interesante circunstancia sobre la que nos gustaría incidir: son muchos los que, en su labor de coleccionismo de documentación, se indignan al no poder obtener fácilmente un documento -o simplemente acceder al archivo que lo custodia-, o al valorar el coste económico que esto les supone.

Efectivamente, las causas de la indignación suelen ser las dos mencionadas -aunque aumenta algo el número la variedad de ejemplos posibles, pero casi siempre circunscribiéndose a las mismas circunstancias-, que se repiten: que si el empleado del Registro Civil nos contesta que no está para atender peticiones genealógicas, que si el cura párroco nos dice que no tiene tiempo de buscar las partidas que nos interesan y tampoco nos permite ver los libros parroquiales originales, que si el archivero municipal de tal localidad no nos permite ver los documentos que allí se conservan… Muchas veces se ve también la misma queja: si me piden tanto dinero de tasa o estipendio por una simple partida ¿cuánto debería gastar para obtener la documentación de las 2000 o 3000 personas que he enlazado en el árbol generado en cualquiera de las grandes webs genealógicas?

Tras la indignación suele venir la protesta. Los argumentos aducidos acostumbran también a ser los mismos: que si la legislación estipula que cualquiera puede acceder a los archivos públicos; que si los privados, al estar comprendidos en la ley de Patrimonio Histórico, también están obligados a dar acceso a quién lo solicite; que la investigación genealógica es un derecho fundamental[1] que nos permite conocer nuestros orígenes -este argumento resulta muy divertido puesto que casi siempre suele ir acompañado por un supuesto derecho a obtener acceso y datos de manera totalmente gratuita-; que si el personal del Registro Civil no quiere trabajar; que si el titular del archivo es un ladrón que nos pretende cobrar por algo que, siempre a juicio del genealogista-coleccionista, debería ser público y gratuito; y así un larguísimo etcétera de argumentos.

Posiblemente todo esto no pasaría de una entretenida anécdota si no fuera por las consecuencias que muchas veces acarrea para quienes sí realizan investigaciones históricas y no escudan su coleccionismo compulsivo tras la ciencia genealógica.

Pongámonos, por un momento, en la piel del responsable del archivo al que nuestro simpático genealogista-coleccionista se dirige solicitando copia literal de algunos documentos. Imaginemos al responsable de un Registro Civil, o al Juez de Paz que esté a cargo del mismo, al que le llega una solicitud de información con fines genealógicos; imaginemos también que el responsable del Registro tiene toda la buena voluntad de ayudarnos en nuestra investigación, y que a pesar de que el objeto del Registro Civil no es la investigación histórica o genealógica, el responsable está dispuesto a proporcionárnosla amparándose en el art. 80.4 del reglamento[2]. El amable responsable o Juez de Paz nos emitirá una certificación y la enviará al peticionario sin coste alguno. Inmediatamente el peticionario -ya que es gratis- pedirá copia literal de todas las inscripciones relativas a sus familiares que figuren en ese Registro Civil, y no contento con ello publicará en los foros de internet que en tal o cuál Registro Civil son muy amables y le han enviado todos los registros que ha solicitado, y gratis, de tal manera que todos cuántos tengan un ancestro en ese Registro Civil efectuarán igual petición. ¿Porqué no hacerlo, si total es gratis? En poco tiempo probablemente ese registro tendrá más peticiones de documentación “con fines de investigación familiar” que la referente a su actividad habitual. Lo más normal es que -como el art. 80.4 del reglamento del Registro Civil no obliga a hacerlo-, pasen a denegarse todas las peticiones de este tipo, con el perjuicio que eso supone para los auténticos investigadores.

Para más abundamiento suele ser habitual que se indique el nombre de las personas buscadas, pero no así el libro y página en el que se encuentran asentados esos datos, pretendiendo que la persona a la que pedimos los documentos realice también esa investigación.

Imaginemos, nuevamente, al amable cura párroco de una zona rural española, con la obligación de atender espiritualmente a varias poblaciones pequeñas, cada una con su correspondiente iglesia, sin vicarios en quienes delegar sus obligaciones. Al simpático cura le llega la petición de unas cuántas partidas sacramentales procedente de un genealogista-coleccionista, por supuesto sin identificación de libro y folio. El cura descubrirá, probablemente, muchas cosas que suelen ser ajenas a su labor sacerdotal: Que en su parroquia, el cura que estuvo allí hace 250 años no realizó índices; que las partidas asentadas en los libros no siempre guardan una relación cronológica; que en el seminario le dieron muchos conocimientos de teología pero no sabe de archivística y mucho menos de paleografía; que un mismo apellido está escrito con diferentes grafías; que en buscar lo que le han pedido lleva empleado un tiempo del que no dispone…

Después de mucho esfuerzo en localizar las partidas, nuestro cura -que no es archivero- contactará con alguien en el arzobispado para informarse de si puede proporcionar estos datos, ya que no éste no es un encargo al que esté acostumbrado y tampoco sabe con seguridad qué limitaciones tiene desde la aplicación de las legislaciones de protección de datos. Hecho esto, se pondrá en contacto con el peticionante para indicarle el estipendio que debe cobrarle, según lo indicado por el obispo de su diócesis.

Nuestro genealogista-coleccionista, indignado por que quieran cobrarle un estipendio por cada una de las partidas -¿por qué habrían de cobrarle cuando el Registro Civil se las envió gratis?, pensará-, dirá que él no necesita una certificación y que una simple fotografía que le envíe el sacerdote le sirve, y que si le da acceso a su parroquia y le deja revisar los libros personalmente, él mismo sacará las fotos. Ante la negativa del cura la reacción habitual es que nuestro genealogista-coleccionista se explayará contra el clero y la religión, aduciendo ese supuesto y erróneo derecho fundamental a conocer su genealogía y mencionando su derecho a acceder a los documentos por estar incluidos éstos en lo comprendido en la Ley de Patrimonio Histórico español[3]. Seguramente argumentará también que esos archivos, al estar comprendidos en dicha legislación, pertenecen a todos los españoles, equivocando las diferencias que existen entre la titularidad de un bien y su pertenencia al patrimonio histórico de una nación[4]. Indignado, comentará su experiencia en los foros de internet donde muchos otros genealogistas-coleccionistas le darán la razón -aunque no la tenga- y argumentarán multitud de falacias en torno a los derechos de las personas, los deberes de los custodios de archivos, y las leyes vigentes.

Cuando reciba una nueva petición, nuestro cura rural -siempre escaso de tiempo para ocupar en las múltiples necesidades de su parroquia- negará cualquier solicitud alegando cualquier argumento para no volver a perder ni el tiempo ni la paciencia. Al fin y al cabo, ni la genealogía ni la investigación forman parte de las actividades de un párroco. Los verdaderamente perjudicados, como en el ejemplo anterior, son, nuevamente, los genealogistas e investigadores de verdad.

Cierto es que la Ley de Patrimonio Histórico Español establece, en su artículo 52, que los titulares “habrán de permitir el estudio por los investigadores, previa solicitud razonada de éstos”, pero el mismo artículo también declara que “están obligados a conservarlos, protegerlos”. Esto supone algo interesante sobre el que deseamos incidir. Muchas son las preguntas que nos acechan. Primeramente ¿es nuestro genealogista-coleccionista un investigador? ¿su solicitud de acceso a los documentos está debidamente razonada? ¿supone el conocer quiénes fueron nuestros ancestros un motivo suficientemente razonado como para exigir el acceso a unos documentos de titularidad privada que se conservan en unas instalaciones que no suelen estar preparadas para recibir la visita de investigadores? ¿permitir el acceso a estos documentos de nuestro genealogista-coleccionista podría suponer un descuido en la obligación de conservar y proteger los documentos que está expresamente contemplada en la ley? ¿de qué manera determina el que custodia un archivo de titularidad privada que la solicitud de acceso proviene de un auténtico y serio investigador o genealogista, de un genealogista-coleccionista, o de un simple curioso?

No hace tantos años que el acceso a la documentación conservada en los archivos estatales requería estar en posesión de la llamada Tarjeta Nacional de Investigador[5] o de una autorización temporal. Sin ella el acceso no era posible. La entrega de esta tarjeta suponía la apertura de un expediente de investigador en el cual quedaba registrada toda la actividad de investigación de esa persona, los documentos y copias solicitadas, y las circunstancias y razones que justificaban la investigación. A fines de 2006 esta tarjeta fue derogada[6] y la exigencia de acreditar “las razones que justifiquen la investigación o consulta” quedó como un dato opcional, atendiendo a una protección de la intimidad personal.

Pese a esta derogación de la Tarjeta Nacional de Investigador, algunas instituciones estatales aún solicitan un Carnet de Investigador para acceder a algunos de sus fondos, como en el caso de la Biblioteca Nacional, que lo hace amparándose en el artículo 62 de la Ley de Patrimonio Histórico, en el cual la preservación de los bienes prevalece al acceso a los mismos por parte de los ciudadanos[7]. Este carnet es necesario para acceder a los fondos anteriores a 1958 y nos lo darán únicamente si cumplimos el requisito de “aportar un documento que acredite la condición de investigador[8]. Esto impedirá, en la mayoría de los casos, el acceso de nuestro genealogista-coleccionista a la mayoría de los fondos cuya consulta pretende estar amparada por la legislación. Sin duda es una manera de limitar, de alguna forma, el acceso a que personas sin la necesaria formación y legítimo interés para manipular documentos que deben ser preservados. ¿Resulta esto suficiente?

Muchos recordarán que en 2007 salió a la luz el expolio que ejecutó, en la Biblioteca Nacional de Madrid, el ciudadano uruguayo -aunque residente en la Argentina- César Ovidio Gómez Rivero[9], autor confeso de la sustracción de varios mapas y grabados procedentes de varios incunables como la Cosmografía, de Claudio Ptolomeo, impresa en 1482; según indican las noticias aparecidas en prensa, parece que también es el principal sospechoso de haber sustituido un ejemplar original del Sidereus Nuncius, escrito por Galileo e impreso en 1610, por una copia de gran calidad cuya falsedad no habría sido detectada hasta 2018.

Semejante personaje, provisto de su carnet de investigador, logró acceder a la Biblioteca Nacional con una cuchilla con la cual cortaba los mapas para sustraerlos, mutilando para siempre los libros.

Similar circunstancia vemos en un caso más actual -la condena en primera instancia es de este mismo año de 2021-, y al que se ha dado mucha repercusión mediática. Según se desprende de la sentencia judicial[10], el condenado, con el fin de acceder a un grado mayor[11] que el que ya tenía dentro de la Orden de Malta, “con el fin de probar su nobleza, linaje, y cristiandad”, y existiendo ciertas “irregularidades” en las probanzas de su linaje, “para evitar ser descubierto […] no dudó en arrancar de los libros y hacer desaparecer los folios correspondientes a” la partida bautismal de su tatarabuelo y de su cuarto abuelo, así como las matrimoniales de sus cuartos y quintos abuelos, siempre por el linaje de su varonía. En total fue sustraído uno de los libros parroquiales y dañados otros tres libros.

Lo tremendo de este caso delictivo -aunque parece que el condenado ha recurrido la sentencia ante una instancia superior-, es que, como afirma la sentencia, “el propio acusado se define como genealogista”.

Pese a que no se mencione su nombre, todos en el ambiente genealógico sabemos quién es y, efectivamente, no sólo se define como genealogista, sino que también ha publicado varios trabajos en diferentes revistas genealógicas, aún en el período que va desde su detención en abril de 2018 hasta la sentencia condenatoria. Que el supuestamente nobilísimo caballero de Malta resulte pechero del todo no tiene la menor importancia. Sí la tiene, en cambio, que sea un genealogista el que mutila los libros parroquiales; también la tiene el hecho de que, aún siendo conocida en el ambiente genealógico la identidad del condenado, haya seguido publicando en revistas genealógicas, puesto que tal actuación pudiera llegar a interpretarse por algunos como un apoyo o amparo al condenado por parte de los genealogistas como colectividad, sin dar importancia o pasando por encima de unos hechos que un fiscal estima constitutivos de delito y, posteriormente, un juzgado considera probados.

Si el condenado en esta sentencia falseó datos y filiaciones ajustándolos a su propio interés ¿Qué credibilidad pueden merecer sus trabajos genealógicos?

Pongámonos ahora en la piel del responsable de cualquier archivo. Si el condenado se define así mismo como genealogista, escribe y publica trabajos de genealogía aún cuando está siendo juzgado por sustraer y mutilar los libros de un archivo diocesano ¿qué garantías tiene un cura rural de que otra persona, que también se defina como genealogista, no hará lo mismo con los documentos que él custodia? ¿Es dable pensar que nuestro cura rural, que no es archivero, se inclinará a negar acceso a sus libros parroquiales antiguos a cualquier genealogista?

Lamentablemente éste no es el primer genealogista que se ve involucrado en poco edificantes o en delictivas acciones, en las cuales la falsedad documental se mezcla con la manipulación y el daño a documentos incluidos en el Patrimonio Histórico.

Resolución del Consejo de Ministros
declarando nulo el título de
conde de Villareal

Durante este mismo año el Consejo de Ministros[12] resolvió de oficio declarar la nulidad del “título carlista de Conde de Villareal”, no dando traslado al Ministerio Fiscal puesto que “existe una elevada probabilidad de que todos los implicados en esos supuestos actos de falsificación hayan fallecido.”

Hace algunos años, un grupo de miembros de la Asociación de Hidalgos cuestionaron la legitimidad tanto del título de conde de Villareal, como de la Grandeza de España, utilizados por el entonces presidente de esta asociación, José Antonio Martínez de Villareal. El asunto causó entonces mucho revuelo.

En el ínterin, el propio presidente de la Asociación de Hidalgos enviaba al medio online El Confidencial, una rectificación en la que afirmaba, entre otras cosas

No es cierto que el Presidente de la Real Asociación haya falsificado su título nobiliario.
El Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España es el Excmo. Sr. Don José Antonio Martínez de Villarreal y Fernández-Hermosa, Conde de Villarreal y Grande de España, quien pertenece a un linaje del que forman parte varios Generales que militaron con honor en las filas carlistas y a los que sus reyes, Carlos V y Carlos VII, concedieron el título de Conde de Villarreal y el de Grande de España, este último al entonces Conde de Villarreal, abuelo paterno del actual Conde de Villarreal. En el siglo XX, este título y otros títulos carlistas fueron reconocidos oficialmente como títulos del Reino de España[13].

El tiempo ha demostrado que aquellos miembros de la Asociación de Hidalgos estaban en lo cierto al cuestionar la legitimidad de este título y de su supuesta grandeza de España.

Cuando José Antonio Martínez de Villareal solicitó la rehabilitación del condado de Villareal, que supuestamente había sido concedido al general carlista Bruno Pérez de Villareal, no presentó la Real Cédula o Real Despacho de concesión sino un testimonio notarial de 1957, por el cual se afirmaba que Vicente Cadenas y Vincent había exhibido unos documentos procedentes del archivo del duque de Madrid[14], en el cual se habría concedido el condado de Villareal al general don Bruno de Villareal.

Rehabilitado el título y la grandeza, José Antonio Martínez de Villareal murió detentando el condado de Villareal en 2016. El dictamen del Consejo de Ministros y la nulidad del título surgen al pretender su hijo suceder en la merced, siendo entonces cuando el informe de la Diputación de la Grandeza menciona

…que D. José Antonio Martínez de Villareal y Fernández no tenía parentesco alguno acreditado con el General carlista D. Bruno Pérez de Villareal y, en consecuencia, carecía de cualquier derecho al título de Conde de Villareal…
…que la pretendida Grandeza de España unida al título de Conde de Villareal no tiene existencia legal…
…todo lo relativo a la existencia de este título de Conde de Villareal, y de su grandeza, es un cúmulo de irregularidades y falsedades…
Entiende por ello la Diputación de la Grandeza que D. José Antonio Martínez de Villareal y Fernández actuó de modo fraudulento y de mala fe para obtener el reconocimiento a su favor de unos derechos inexistentes…[15]

Partida sacramental manipulada

Dos personas aparecen en el dictamen como sospechosas de actuar “de modo fraudulento y de mala fe” y de haber cometido “supuestos actos de falsificación”, y a los que ya no se puede imputar delito alguno por haber fallecido: Vicente de Cadenas y José Antonio Martínez de Villareal. El primero genealogista, autor de numerosos libros y fundador de la Asociación de Hidalgos y de Hidalguía, revista de genealogía, nobleza y armas; el segundo presidente de dicha asociación, propietaria también del sello editorial de la revista Hidalguía.

Las falsedades no se limitan a la documentación aportada al Ministerio de Justicia, en su momento, para obtener la concesión del título, sino que también podrían haber incurrido en un supuesto delito contra el Patrimonio Histórico, ya que varias partidas eclesiásticas fueron alteradas, modificada su escritura para convertir el Pérez de Villareal del general carlista en Martínez de Villareal, e irremediablemente manchadas con tinta para esconder el engaño[16]; así lo hace constar la directora del Archivo Histórico Diocesano de Vitoria.

¿Qué pensará nuestro amable cura rural de todo esto? Podemos creer que el sacerdote, ante lo calificado como falsificaciones y actuaciones fraudulentas, se reafirmará en su idea de evitar todo contacto con cualquier persona que se dirija a su parroquia afirmando ser genealogista. ¿Qué dirá el responsable del Registro Civil? Seguramente lo mismo.

Partida manipulada para convertir "Pérez" en "Martínez"
y hacer decir "Elciego" donde decía "Gauna"

Todo esto recuerda también al renombrado proceso que involucró al duque de Tovar, a Fernando González Doria y a Francisco López Solé en un conocido asunto de falsedad en títulos nobiliarios[17] que acabó reformando la legislación sobre rehabilitaciones[18]. González Doria y López Solé fueron condenados por la Audiencia de Madrid; el duque de Tovar fue declarado en rebeldía y no volvió a pisar España hasta la prescripción de los delitos que se le imputaban.

¿Qué ocurre, entonces, cuando nuestro simpático genealogista-coleccionista se entera de todo esto? ¿Qué pensará?

Probablemente se indignará tanto como cuando le fueron negadas, por parte del cura párroco y del Registro Civil, las documentaciones que solicitaba. Pensará que, probablemente, el no es un reconocido genealogista; que jamás ha publicado trabajo alguno en ninguna revista de genealogía -¡qué va a publicar si aún no ha escrito nada!-; que en su familia no hay noticia de títulos nobiliarios ni de hidalguías, sus ancestros eran “hombres buenos pecheros” y que él se siente muy honrado de tenerlos por abuelos; que sabe de muchos ancestros que lo pasaron mal en sus vidas y no por ello se convirtieron en delincuentes; que el es un genealogista que no lleva mucho en esto, que no tiene grandes conocimientos, pero honrado como el que más; que está cómodo siendo un genealogista-coleccionista y no tiene ningún interés en convertirse en un genealogista-imputado; y que no quiere saber nada de esas instituciones que parecen tolerar a ese tipo de genealogista-imputado o, cuando existe sentencia firme, genealogista-delincuente.

¿Podemos afirmar que nuestro simpático genealogista-coleccionista -a pesar de sus mejorables conocimientos genealógicos- está equivocado en sus pensamientos?

¿Podemos sostener que nuestro amable cura rural se equivoca rotundamente cuando no quiere oír hablar de los genealogistas que pretenden convertirlo en archivero al tiempo que dañan o expolian sus antiguos libros parroquiales?

¿Podemos pensar que el responsable del Registro Civil no tiene razón al denegar su colaboración a los genealogistas cuando ve como algunos de éstos se ven inmersos en actividades que no concuerdan con lo que se entiende por legal?

¿Tiene sentido que un genealogista, sabiendo todo el mundo que se le imputa un delito contra el Patrimonio Histórico, continúe publicando sus trabajos como si nada hubiera pasado en varias revistas de genealogía e historia?

¿Resulta razonable que las instituciones que editan dichas revistas continúen brindando las páginas de sus medios a estas personas?

¿Podemos creer que existan muchas instituciones vinculadas a la genealogía que continúen teniendo a estas personas -que han sido condenadas o han estado prófugas de la justicia por falsedades también vinculadas a la genealogía-, entre sus miembros correspondientes[19]?

¿Beneficia en algo, todo esto, a la genealogía o a los genealogistas?

Dicen que para todas las situaciones existe una frase o un refrán adecuado, puede que esa afirmación sea cierta o no, pero en este momento viene a mi memoria aquella lapidaria frase… “La mujer del César no sólo debe ser honrada, también debe parecerlo.”

 

 

 

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[1] Por mucho que esto se repita demasiado, no, la práctica de la genealogía no es un derecho fundamental y no aparece reconocido como tal en la Constitución española. El derecho a practicar la genealogía -por mucho que algunos quieran otorgarle un carácter especial-, es el mismo derecho que cualquier ciudadano tiene a practicar cualquier actividad; el mismo derecho tiene un ciudadano a cultivar la historia y la genealogía que a practicar el ciclismo, el ajedrez o a hacer calceta; con la peculiaridad de que no hay ningún ciclista, ajedrecista o calcetero que pretenda que su actividad la sufrague económicamente un tercero alegando un derecho fundamental, cosa que muy frecuentemente pretenden algunos genealogistas-coleccionistas.

[2] Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. El artículo 80.4 expresa que “Con carácter excepcional y con fines de investigación familiar, histórica o científica, se podrá autorizar el acceso a la información registral en los términos que reglamentariamente se establezcan.”

[3] Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

[4] Esto no deja de ser una circunstancia tan curiosa como recurrente. Suele ser muy corriente que, especialmente en lo manifestado en foros de internet, la gente pretende poder disponer a su libre albedrío de bienes que tienen propietario, simplemente porque creen entender que si algo forma parte del patrimonio histórico o cultural del país equivale a una pertenencia comunal de todos, pisoteando y vulnerando los derechos de los auténticos propietarios del bien. Lo mismo ocurre con el copyright y los derechos de autor; existe mucha gente que cree ciegamente que su derecho a acceder a la cultura y a la educación académica le permite vulnerar la propiedad intelectual de los demás y no comprenden que ésta es también una propiedad privada.

[5] Real Decreto 1969/1999, de 23 de diciembre.

[6] Real Decreto 1266/2006, de 8 de noviembre.

[7] El artículo 62 menciona que “La Administración del Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos españoles a los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal, sin perjuicio de las restricciones que, por razón de la conservación de los bienes en ellos custodiados o de la función de la propia institución, puedan establecerse.”

[8] Orden ECD/1152/2014, de 25 de junio.

[9] https://www.clarin.com/cultura/robo-obra-galileo-galilei-espana-pista-ladron-uruguayo-absuelto-argentina_0_dCJziX_PF.html

[10] Juzgado de lo Penal Único de Teruel. Sentencia 98/2021.

[11] Pretendía acceder a caballero de Honor y Devoción, desde el grado de Gracia y Devoción. El grado al que se pretendía acceder requiere efectuar pruebas de nobleza.

[12] Resolución del Consejo de Ministros, de 8 de junio de 2021. Certificación de Dª Carmen Calvo Poyato, vicepresidenta primera del gobierno y ministra de la presidencia.

[13] https://www.vanitatis.elconfidencial.com/noticias/2012-09-22/los-hidalgos-rectifican-a-los-genealogistas-no-es-cierto-que-haya-nobles-que-hayan-falsificado-el-titulo_549678/

[14] Título utilizado por los pretendientes carlistas.

[15] Resolución del Consejo de Ministros, de 8 de junio de 2021.

[16] AVENDAÑO Y FISHER, Miguel. Informe sobre el reconocimiento del supuesto título carlista de Conde de Villarreal y el reconocimiento posterior de una supuesta Grandeza de España. 27 de diciembre de 2016.

[17]https://elpais.com/diario/1997/05/09/sociedad/863128803_850215.html y https://elpais.com/diario/1986/02/05/sociedad/507942007_850215.html

[18] Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo.

[19] Es el caso, por ejemplo, del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, de la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica, o del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas, según se desprende de sus propias páginas web. También en la web de la Asociación de Hidalgos se mantienen aún numerosas referencias a José Antonio Martínez de Villareal con su inexistente título condal y su inventada grandeza de España.

 

 

Nobiliaria ¿Por qué la estudiamos?

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La estructura económica de la sociedad capitalista brotó de la estructura económica de la sociedad feudal.
Al disolverse ésta, salieron a la superficie los elementos necesarios para la formación de aquella.
Karl Marx.

 

A cualquier persona avezada que haya navegado por los foros de genealogía en internet no le habrá dejado de llamar la atención la singular relación que suelen tener los usuarios de esos foros con la nobiliaria.

De manera completamente errónea, algunos parecen creer que ésta es una ciencia exclusivamente útil en el caso de personas pedantes, presumidas, e incluso algo cursis.

No son pocos los que en los foros afirman de forma rotunda que su linaje es pechero, ¡y a mucha honra![1]; tampoco resultan pocos los que manifiestan −con clara satisfacción− el haber encontrado entre sus ascendientes una rama de hidalgos. Algunos comentarios vertidos sobre la nobiliaria llaman poderosamente la atención, como aquel expresado por una persona autodenominada genealogista profesional que, muy suelta de cuerpo y utilizando un lenguaje bastante soez, manifestaba abiertamente que a ella la nobiliaria no le importaba en absoluto.

Resulta indiscutible que esa satisfacción o sorpresa que se manifiesta cuando hallamos una rama hidalga entre una generalidad de linajes pecheros, es la misma satisfacción o sorpresa que se produce cuando encontramos una rama pechera entre una generalidad de linajes hidalgos. No deja de ser el resultado del agrado o del asombro que es normal que se produzca ante un hecho que se sale de lo corriente. No hay nada de petulancia o de deshonra en ello y en nuestra moderna y democrática sociedad actual resulta indubitable aquella frase que oí una vez, mientras se trataba este asunto en un ambiente nobiliario: “Hoy en día pecha hasta el rey”.[2]

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Breves apuntes sobre los conceptos de familia y linaje

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“La familia conserva su legado de glorias y honores... Es el vicio el que no tiene tradición.”

Julio Sánchez Viamonte.

 

Los genealogistas observamos la historia y la sociedad desde el estudio de la familia y las relaciones de parentesco. Tanto para un genealogista como para quien no lo es, hablar de familia supone algo grato y que nos es afín; todos hemos nacido y crecido en una familia y muchos de nosotros, llegado el momento, nos hemos unido a otra persona para crear la nuestra.

La familia es según Malinowski “el punto de partida de toda organización humana y «la cuna de las culturas nacientes»[1].” Ni siquiera es un concepto exclusivamente humano, ya que existe igualmente entre los animales; sin embargo la familia adquiere su significado cultural -que es el que nos interesa- únicamente “cuando su función biológica pura es compensada por una relación social permanente. El matrimonio es la consagración social de las funciones biológicas, con lo que las actividades instintivas del sexo y de la paternidad quedan socializadas y se da origen a una nueva síntesis de elementos culturales y naturales que adoptan la forma de familia[2].”

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¿Genealogistas profesionales o simples gestores?

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Desde que internet se popularizara hacia el año 2000, son muchísimas las personas que han tenido un acercamiento o un interés por la ciencia genealógica. Curiosamente estas mismas personas, manteniendo esa relación con la red de redes, se aglutinaron inicialmente en los llamados grupos de discusión, y posteriormente con las más actuales redes sociales.
Históricamente la genealogía ha sido objeto de un interés específico de las familias tradicionales de la sociedad, aquellas que precisamente suelen ser conocedoras de la personalidad y de los hechos de sus ancestros y cuyo conocimiento han recibido, y transmitido, como parte de la tradición oral de su familia, muchas veces acompañada de al menos un pequeño archivo documental.
Actualmente se interesan por la genealogía personas pertenecientes a todos los estratos sociales, lo que no sólo supone un enriquecimiento para la propia ciencia genealógica, sino que también supone que la cantidad de personas interesadas en esta disciplina se ha ampliado de manera exponencial en unos pocos años.

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La documentación y las fuentes en el trabajo genealógico

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Cualquiera que se acerque a los estudios genealógicos en los tiempos actuales, lo hará posiblemente buscando información y contenido en ese gran repositorio de datos -algunos veraces y de calidad, y otros muchos no tanto- que es internet. Pero como el ser humano no puede negar que en su esencia es una criatura gregaria, rápidamente buscará foros de esta temática en los cuales departir con otras personas que presenten sus mismas inquietudes.

Posiblemente, al poco tiempo de frecuentar estos foros y de buscar contenidos en la web, se topará con una frase que -usando un término muy común en internet- se ha viralizado en la red y es repetida hasta el cansancio por los nuevos genealogistas, aun cuando la mayoría de ellos no tiene realmente muy claro lo que es una fuente histórica y, con demasiada asiduidad, las supeditan únicamente a las partidas sacramentales[1].

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Los nuevos genealogistas en la era de internet

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“Si yo fuera un anticuario sólo me gustaría ver las cosas viejas.  Pero soy un historiador y por eso amo la vida.”
Henri Pirenne.

  

En los últimos años la inquietud por conocer quiénes fueron nuestros ancestros parece suscitar un especial interés. Tanto que la mayoría de las personas de nuestra sociedad actual no recuerdan que antiguamente haya existido semejante entusiasmo por esta disposición que tenemos hoy en día a conocer quiénes fueron y cómo vivieron aquellas personas de las cuales descendemos.

Parecería indudable que las nuevas tecnologías y el rápido y fácil acceso a la información han posibilitado este fuerte crecimiento del interés por el estudio de nuestras más remotas ramas familiares. La expansión de la conexión a internet en todo el mundo -a partir del año 2000 aproximadamente- ha propiciado el contacto rápido, casi inmediato, entre las personas con estas inquietudes y, progresivamente desde esa fecha, el acceso fácil a innumerable cantidad de información, permitiendo acceder a ella cómodamente desde el propio salón de nuestra casa.

Esta inclinación general de la población por el conocimiento de nuestros remotos abuelos -tal vez menos desarrollados en los países de lengua castellana que en otras naciones- propició la aparición en internet de varias compañías comerciales dispuestas a buscar su nicho de mercado en un sector en crecimiento, facilitando a estos nuevos genealogistas unas herramientas con las que comenzar una investigación de sus orígenes familiares. Internet, en su propio concepto de no respetar fronteras, ha jugado un papel principal para esta expansión del interés por la genealogía también en los países hispanoparlantes.

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Respuesta a la "Reivindicación histórica de los títulos de nobleza en la República Argentina"

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Hace algún tiempo fue publicado un artículo en la web de la revista online "Numen Digital" en el que bajo el título de "Reivindicación histórica de los títulos de nobleza en la República Argentina" su autor manifestaba la necesidad de que se promulgara una ley que reivindicara y autorizara el uso de títulos nobiliarios en la República Argentina.

Incluyo aquí mi respuesta, que fuera publicada en la misma web de "Numen Digital":

Un artículo que me ha dejado bastante sorprendido, en el que se hacen algunas afirmaciones que creo erróneas.
Si bien se menciona la Asamblea del año XIII se omite hablar de ella y sólo se habla de la Constitución de 1853, algo que seguramente no haría ningún especialista en derecho constitucional.

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El valle de Soba

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Texto extractado del artículo "El solar de Rozas", publicado en la revista
Genealogía Familiar nº 4 - diciembre de 2014

 

El valle de Soba sigue siendo una región un tanto aislada y con poca densidad de población, lo que supone que su aspecto ha cambiado poco con respecto al que debía tener hace tres o cuatro siglos y ha conservado de esta forma todo su atractivo y belleza natural. Recibe su nombre del río Gándara, que nace en las proximidades del pueblo de La Gándara, surgiendo a 950 m. de altitud en una formación cárstica y al que antiguamente llamaban Soba. Rápidamente adquieren sus aguas la considerable fuerza que le proporcionan los más de 700 m. de desnivel que existen entre su nacimiento y su paso por el Puente el Casto, por donde atraviesa el camino para llegar a Rozas. El Gándara recibe más adelante el tributo del río Calera, para convertirse a su vez en tributario del río Asón.

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Genealogía, mormones y archivos sacramentales

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Pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a evangelizar; y esto sin alardes literarios, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo.

Primera carta de san Pablo a los Corintios (1 Corintios 1,17)

 

 

Hemos mencionado ya muchas veces que la popularización de internet, especialmente a partir del año 2000, propició una gran difusión del interés por la genealogía en todos los ámbitos, entre personas de todos los países y también de todos los estratos sociales; con gran afluencia de numerosas personas que hasta entonces no habían recibido, como parte del acervo cultural de sus familias, un conocimiento amplio sobre quiénes habían sido y qué habían hecho sus ancestros.

Muchas de estas personas, ignorantes incluso de quiénes fueron sus bisabuelos, iniciaban así una investigación genealógica sobre generaciones que, si bien son muy cercanas en el tiempo, representaban una auténtica incógnita para estos genealogistas. Con toda lógica, el primer paso en su investigación suponía la consulta de los datos y fondos existentes en los diferentes Registros Civiles; pero como todos sabemos de la corta existencia de estos registros, esta fuente de búsqueda pronto quedaba agotada.

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Entre quienes nos precedieron y nuestra posteridad

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Ya hemos dicho muchas veces que internet ha propiciado un auge importante a la difusión de la genealogía y ha hecho que muchas personas se interesen por sus ancestros. Hasta no hace mucho ésta era una ciencia que interesaba a unos pocos amantes de la historia, que habitualmente ya eran conocedores de sus antepasados por ser miembros de destacadas familias de la sociedad.

También hemos dicho ya que estos nuevos genealogistas realizan sus estudios valiéndose casi exclusivamente de la información que encuentran en internet. Pero no es ésta la única característica que presentan. A diferencia de los anteriores, muchos de estos genealogistas comienzan sus investigaciones con el fin de descubrir a sus ancestros más cercanos, no siendo raro que al comenzar sus pesquisas desconozcan incluso el nombre de sus tatarabuelos, y aún el de sus bisabuelos.

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¿Qué es y qué hace un genealogista?

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“La mala historia es mil veces más fácil de hacer y de enseñar que la buena historia, que la historia crítica... Pero si es mucho más fácil y exige mucho menos esfuerzo ser un mal historiador, también es cierto que la medida de esa dificultad reducida y de esos magros esfuerzos, es igualmente la medida de los limitados resultados y de las pobres obras históricas que se obtienen.”
Carlos Antonio Aguirre Rojas.

 

 

Numerosas son las personas que se interesan actualmente por sus orígenes familiares y por descubrir de dónde proceden. Internet ha favorecido la aparición de un interés genealógico que parece afectar a muchísimas personas en todo el mundo y que se encuentra en continuo crecimiento.

Hace algún tiempo lanzamos ciertas preguntas en algunos foros de esta temática en internet con el objeto de evaluar las impresiones y pensamientos generales de quienes frecuentan los foros de genealogía en las redes sociales. Muchas veces, al lanzar al ciberespacio alguna de estas interpelaciones, intuíamos ya cuáles serían las respuestas; sin embargo hubo una pregunta cuyas respuestas nos dejaron verdaderamente sorprendidos. La consulta en cuestión era: ¿Qué es un genealogista?

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Genealogía. ¿Qué es y qué estudia? Definición.

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 “La historia no es la acumulación de los acontecimientos de todo orden que se han producido en el pasado. Es la ciencia de las sociedades humanas.”
Numa-Denis Fustel de Coulanges.

 

Pensando en abordar este tema, se nos ocurrió hace algún tiempo lanzar en los foros de genealogía de internet la siguiente pregunta: ¿Qué es la genealogía?

La mayoría de las personas que contestaron se refirieron a ella expresando, principalmente, los sentimientos -siempre buenos, agradables y emotivos- que les produce el hecho de conocer a sus ancestros e investigar sobre ellos y sobre sus vidas. Pero casi ninguno se refirió a ella como una ciencia y fueron pocos los que la asociaron a la historia.

Es cierto que de la genealogía, al igual que la historia, “por lo menos podría decirse en su favor que distrae[1]; y con este provecho es utilizada por muchas personas, cada vez más, en todo el mundo. Pero la Genealogía, para quien la cultiva convenientemente, es mucho más que un pasatiempo: es, por lo menos, una ciencia histórica.

Si hacemos un receso para pararnos a pensar, veremos que la Genealogía está presente desde los primeros momentos de la historia del hombre, al que el deseo de conocer sus orígenes familiares como una suerte de percibir o comprender su propia identidad, ha acompañado en el devenir de los tiempos.

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El trono de la Araucanía y Patagonia. Una sucesión de falsos príncipes.

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Con motivo de la reciente muerte de Philippe Boiry, intitulado S.A.S. Felipe I, príncipe de Araucanía y Patagonia, y su posterior sucesión por Jean-Michel Parasiliti di Para, como Antonio IV, pude ver cómo se entablaban ciertos comentarios, normalmente jocosos, sobre tan disparatado reino y sucesión. En todo caso, me sorprendió ver que algunas personas daban cierto viso de legitimidad en el supuesto reconocimiento por parte de los caciques.

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Los Monteros de Espinosa

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 Texto extractado del artículo "El solar de Rozas", publicado en la revista
Genealogía Familiar nº 4 - diciembre de 2014

El Cuerpo de Monteros de Cámara –como breve referencia para quienes no conozcan su naturaleza– era la corporación que tenía el privilegio de guardar a las personas de la Familia Real. Eran las personas que más relación tenían con los reyes y su familia, a las que guardaban junto a sus cámaras.

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